El Tribunal Supremo se pronuncia sobre una cuestión especialmente sensible: qué efectos puede tener una rectificación registral del sexo cuando los hechos delictivos se produjeron antes de ese cambio.
La Sentencia n.º 517/2026, de 22 de julio, de la Sala de lo Penal, establece que una modificación registral posterior no puede aplicarse retroactivamente para excluir una condena por violencia de género cuando, en el momento de cometerse los hechos, la persona autora constaba jurídicamente como varón.
El procedimiento tiene su origen en unos hechos ocurridos en abril de 2022. El acusado fue condenado, entre otros delitos, por violencia de género contra su expareja y por violencia doméstica en relación con su hija menor.
Posteriormente, en junio de 2023, el Registro Civil acordó la rectificación de la mención registral de su sexo por el de mujer. En casación, la defensa alegó esta circunstancia para cuestionar la aplicación del artículo 153.1 del Código Penal.
El Supremo rechaza este argumento atendiendo a la secuencia temporal del caso: cuando ocurrieron los hechos, la persona condenada figuraba registralmente como varón, mientras que la rectificación se produjo más de un año después.
La Sala concluye que el cambio registral posterior no puede proyectarse hacia atrás para modificar la calificación jurídica de unos hechos cometidos con anterioridad.
Por tanto, la rectificación de la mención relativa al sexo no neutraliza la condena por violencia de género correspondiente a una conducta anterior al cambio registral.
El pronunciamiento no cuestiona la validez de la rectificación registral. Lo que delimita es su alcance temporal en el ámbito penal y, concretamente, su posible incidencia sobre hechos ya cometidos.
La sentencia analiza, además, un escenario diferente: aquel en el que la rectificación registral se hubiera producido antes de los hechos y pudiera plantearse si fue realizada con la finalidad de eludir la aplicación de una norma.
En este punto, el Tribunal introduce una cautela importante. El mero cambio registral de sexo no supone automáticamente la existencia de fraude de ley. Para apreciarlo es necesario probarlo plenamente y atender a las circunstancias concretas del caso.
Esta cuestión, sin embargo, no determina la resolución del procedimiento analizado, ya que aquí la rectificación registral fue posterior a los hechos.
El Tribunal Supremo desestima los recursos y mantiene las condenas impuestas.
La Sentencia 517/2026 aporta así un criterio relevante para la práctica penal ante situaciones en las que se produce una rectificación registral del sexo: para determinar su incidencia sobre la calificación jurídica de una conducta resulta decisivo atender al momento en que ocurrieron los hechos y a la situación registral existente entonces.
Al mismo tiempo, la resolución evita establecer equivalencias automáticas entre rectificación registral y fraude, cuya apreciación exige una valoración judicial específica y suficientemente acreditada.
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