En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha anulado el desahucio de una inquilina en Madrid que, debido a un error en una factura de agua, se encontraba en una situación de impago injustificado. La factura, que reflejaba un importe de 895,71 euros, contenía un cargo por agua de 562,13 euros, una cantidad 20 veces superior a la habitual.
La inquilina había estado pagando de forma habitual una cantidad considerablemente menor por su suministro de agua. Al recibir este recibo desproporcionado en mayo de 2021, solicitó a la arrendadora una explicación sobre el consumo elevado y pidió, además, poder fraccionar el pago debido a sus limitados recursos económicos. La inquilina también requirió en varias ocasiones un número de cuenta para abonar la deuda, pero nunca recibió respuesta.
Ante la falta de aclaraciones y la imposibilidad de contactar con la arrendadora, la inquilina consignó el importe de la factura en el juzgado, a pesar de que el procedimiento de desahucio ya había sido iniciado.
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la inquilina, anulando el desahucio solicitado por la arrendadora. La Sala considera que no hubo impago resolutorio del contrato. Aunque la inquilina no pagó el importe completo de la factura, demostró una clara intención de abonar la deuda, a lo que se sumó el hecho de que la arrendadora no cumplió con su obligación de aclarar el cargo desproporcionado ni facilitó los mecanismos adecuados para el pago.
El abogado que representó a la inquilina destacó la relevancia de esta sentencia, señalando que no se trataba de una falta de pago, sino de una falta de cobro, lo que invalida el procedimiento de desahucio. Además, resaltó la importancia de la resolución como un mecanismo para proteger a los inquilinos frente a facturas desorbitadas que pudieran ser utilizadas de manera fraudulenta para justificar desahucios.
La sentencia también aborda la actitud abusiva de la arrendadora, que no investigó ni explicó la factura errónea y no proporcionó opciones adecuadas para el pago de la deuda. El Tribunal Supremo enfatiza que este comportamiento contraviene el principio de buena fe que debe regir las relaciones contractuales.
Este fallo representa un avance en la protección de los derechos de los inquilinos, especialmente aquellos con economías más precarias. La sentencia subraya que los arrendadores tienen la responsabilidad de actuar con transparencia y de proporcionar mecanismos adecuados para la resolución de disputas, protegiendo así a los inquilinos de posibles abusos.
En palabras del abogado defensor, la resolución "permite a las personas vulnerables defenderse frente a intentos de cobro indebido y desahucios injustificados, particularmente cuando no están familiarizadas con el alcance del marco legal".
La decisión del Tribunal Supremo reafirma la importancia de la buena fe contractual y marca un precedente para casos futuros, protegiendo a los inquilinos frente a abusos y errores administrativos que puedan generar situaciones de impago no atribuibles a ellos. La sentencia refuerza el derecho de los arrendatarios a defenderse frente a situaciones de abuso y a recibir respuestas claras de los arrendadores en cuanto a las facturas y cargos por servicios.
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