El Tribunal Supremo ha propuesto al Gobierno revisar la regulación del delito de abandono para ampliar su protección a personas con discapacidad física grave y permanente. La iniciativa se recoge en la sentencia 69/2026, de 29 de enero, en la que la Sala Segunda absuelve a una mujer que había sido condenada por desatender a un hombre con un importante deterioro físico que estaba bajo su cuidado.
La resolución no solo revoca la condena, sino que pone el foco en lo que el tribunal considera una laguna del Código Penal.
La mujer se había hecho cargo de un hombre con diversas patologías de origen físico que lo hacían dependiente para tareas cotidianas como cocinar, realizar gestiones, desplazarse o manejar dinero. Ambos convivían y él contribuía económicamente con su pensión.
Tras varios ingresos hospitalarios de urgencia motivados por el progresivo deterioro de su salud, el centro sanitario denunció una situación de abandono. Finalmente, el hombre fue trasladado a un centro sociosanitario, donde falleció días después.
Los tribunales de instancia entendieron que existía abandono punible. Sin embargo, el Supremo corrige ese criterio.
El Pleno de la Sala Segunda concluye que el artículo 229 del Código Penal protege únicamente a menores de edad y a personas con discapacidad mental o intelectual. El precepto no contempla expresamente los supuestos de discapacidad exclusivamente física.
Para el tribunal, los hechos probados describen una situación de vulnerabilidad y dependencia evidente, pero no encajan en los requisitos de tipicidad exigidos por la norma penal vigente. En consecuencia, la conducta no puede sancionarse como delito de abandono en los términos actuales del Código.
La absolución se impone por razones estrictamente legales: el principio de legalidad penal impide extender el tipo más allá de lo previsto por el legislador.
Más allá de la absolución, la sentencia contiene una reflexión de alcance político-criminal. El Supremo considera que el caso revela la necesidad de revisar el tratamiento penal de la vulnerabilidad.
La Sala advierte que existen situaciones de discapacidad física grave que generan niveles de dependencia y desprotección equiparables a los de una discapacidad intelectual o mental. Sin embargo, el actual diseño normativo deja fuera estos supuestos.
El tribunal apunta que esta exclusión puede producir resultados incoherentes e incluso situaciones de impunidad injustificada.
En aplicación del artículo 4.2 del Código Penal, que permite a los tribunales poner en conocimiento del Gobierno la conveniencia de reformas legales cuando aprecian insuficiencias normativas, la Sala propone reformular el concepto de discapacidad recogido en el Código.
El objetivo sería incorporar de forma expresa la protección de personas con discapacidades físicas permanentes que generen una vulnerabilidad intensa y una limitación significativa de la autonomía personal.
La sentencia 69/2026 no modifica el marco legal vigente, pero sí abre un debate sobre la coherencia del sistema penal en la protección de las personas más vulnerables.
El Supremo subraya que la distinción entre discapacidad física e intelectual puede estar justificada en algunos supuestos, pero en otros puede generar una protección desigual frente a conductas de abandono.
A la espera de una eventual reforma legislativa, el Alto Tribunal delimita el alcance actual del delito y deja en manos del legislador la decisión de ampliar su protección a quienes, pese a no padecer una discapacidad mental, presentan una situación de dependencia extrema.
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