El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado la Orden GECCO 2026, que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen y los programas de migración circular para el próximo ejercicio. La norma, publicada en el BOE, consolida un modelo que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y refuerza de forma expresa las garantías sociolaborales de las personas trabajadoras extranjeras, con especial atención a la migración circular.
Uno de los elementos centrales de la Orden GECCO 2026 es su adecuación al Reglamento de Extranjería (RELOEX), en vigor desde mayo de 2025. Este reglamento ha integrado de forma estructural derechos y garantías que hasta ahora se recogían anualmente en órdenes ministeriales, reforzando la seguridad jurídica del sistema.
El RELOEX regula en su título VI un nuevo modelo de gestión colectiva de contrataciones en origen, que permite la tramitación conjunta de autorizaciones para al menos diez puestos de trabajo, siempre que las personas extranjeras no se encuentren en España. La Orden GECCO desarrolla este marco y concreta su aplicación práctica para 2026.
La Orden mantiene los dos grandes modelos de contratación:
Ambas modalidades pueden articularse de forma genérica o nominativa, y admiten tramitación ordinaria o unificada. La norma profundiza en la contratación nominativa, con el objetivo de dar cobertura jurídica a proyectos migratorios de carácter circular vinculados a contratos fijo-discontinuos, tras la derogación definitiva de la residencia de duración determinada en julio de 2023.
Este ajuste resulta especialmente relevante para sectores con alta estacionalidad y para empresas que ya operaban con esquemas de movilidad circular y necesitaban un encaje normativo más sólido.
La principal novedad de la Orden GECCO 2026 es la incorporación de un artículo específico de garantías para la migración circular, orientado a reforzar el bienestar sociolaboral de las personas trabajadoras participantes.
Entre las obligaciones que se imponen a las personas empleadoras destacan:
Estas previsiones refuerzan el control administrativo y reducen los márgenes de conflictividad, al tiempo que incrementan la responsabilidad empresarial en la gestión de este tipo de contrataciones.
Los programas de migración circular han registrado un crecimiento notable. Durante 2025, 25.767 personas trabajadoras procedentes de 17 países realizaron actividades de temporada en España, un 25 % más que en 2024, principalmente en el sector agrícola y repartidas en 21 provincias.
La Orden GECCO prevé la concesión de autorizaciones de hasta cuatro años, prorrogables si se cumplen los requisitos establecidos. Estas autorizaciones permiten trabajar hasta nueve meses por año natural mediante contratos fijo-discontinuos, con la obligación de retorno al país de origen al finalizar cada campaña.
Desde el punto de vista jurídico, estas autorizaciones plurianuales aportan estabilidad a los proyectos empresariales y reducen la carga administrativa recurrente, aunque exigen un estricto cumplimiento de las condiciones de retorno y renovación.
La Orden se acompaña de la continuidad de iniciativas de cooperación internacional como WAFIRA, un programa de migración circular con marcado enfoque de género. En 2025, el 92 % de las personas participantes en estos programas fueron mujeres.
El acuerdo alcanzado el 16 de diciembre entre los Gobiernos de España, Francia y Marruecos permitirá poner en marcha WAFIRA II (2026–2028), con una previsión de 3.000 personas trabajadoras, mayoritariamente mujeres, empleadas de forma estacional en España y Francia. El programa cuenta con apoyo de la Unión Europea y se amplía a seis países, reforzando su dimensión regional.
La Orden GECCO 2026 consolida un modelo de contratación en origen cada vez más estructurado y jurídicamente exigente. Para los despachos de abogados y asesorías laborales, la norma plantea nuevas oportunidades de asesoramiento en materia de planificación de plantillas, cumplimiento normativo y defensa ante posibles incidencias administrativas, al tiempo que refuerza la necesidad de un seguimiento riguroso de las obligaciones empresariales en los programas de migración circular.
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