Desde su entrada en vigor el 3 de abril de 2025, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH, Ley 49/1960, de 21 de julio), aprobada mediante la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, ha supuesto un cambio significativo en la vida de las comunidades vecinales.
El nuevo marco normativo refuerza la capacidad de las comunidades frente a la morosidad, impulsa la digitalización y promueve una gestión más moderna y eficiente.
Las comunidades de propietarios ya pueden reclamar judicialmente deudas inferiores a 2.000 euros a través de procedimientos más rápidos y menos costosos.
Además, se permite el embargo de bienes financieros o inmuebles y la acumulación de intereses por mora desde el momento en que se produce el impago.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la suspensión del derecho de voto en las juntas de propietarios para quienes no estén al corriente de pago, hasta que regularicen su situación.
Estas acciones solo pueden aplicarse tras una reclamación formal por burofax o notificación notarial, y no tienen efectos retroactivos.
En casos excepcionales, la ley autoriza la difusión interna de la identidad del propietario moroso y del importe adeudado, siempre con pleno respeto a la legislación de protección de datos.
Una de las transformaciones más visibles de la reforma es la digitalización de la administración de fincas.
Ahora es posible realizar convocatorias de juntas por medios electrónicos, así como mantener una comunicación más fluida entre administradores y propietarios.
Asimismo, la norma establece una mayor regulación de los pisos turísticos, que podrán limitarse o condicionarse mediante acuerdo de tres quintas partes de los propietarios.
También se facilita la instalación de paneles solares en zonas comunes y se refuerza la obligación de eliminar barreras arquitectónicas, cuando así lo soliciten personas mayores de 70 años o con discapacidad.
Tras varios meses en vigor, la ley ha comenzado a fortalecer la autogestión de las comunidades y a reducir los niveles de morosidad, ofreciendo a los vecinos herramientas jurídicas más claras y efectivas.
El objetivo es proteger los intereses colectivos y fomentar una convivencia más equilibrada, eficiente y sostenible en los entornos residenciales.
Para los despachos jurídicos y administradores de fincas, esta reforma ha consolidado un nuevo modelo de gobernanza vecinal más exigente y transparente.
La Ley Orgánica 1/2025 no solo actualiza una normativa clave, sino que redefine las responsabilidades compartidas en la vida en comunidad.
En definitiva, recuerda que convivir también significa cumplir, y que la buena gestión colectiva es esencial para preservar la armonía y el bienestar en los espacios que compartimos.
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