El Supremo afirma que este convenio prevalece independientemente del sector en el que desarrollen su actividad laboral estos trabajadores.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en
la que señala que a los trabajadores de centros especiales de empleo (CEE) se
les tiene que aplicar el convenio colectivo general de centros y
servicios de atención a personas con discapacidad, independientemente
del sector en el que desarrollen su actividad laboral.
Con esta sentencia, el Alto Tribunal viene a resolver un recurso
de casación interpuesto por Desarrollo Social Canarias contra un fallo
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de
Las Palmas de Gran Canaria. El TSJ dio la razón a un trabajador que
planteó una demanda sobre cantidad interpuesta contra la empresa, que tiene
como finalidad propiciar empleos remunerados para las personas con discapacidad.
En este caso concreto, el trabajador demandante había prestado
servicios de jardinero en un hotel de Lanzarote a cuenta de Desarrollo Social
Canarias. La relación laboral entre las partes se formalizó mediante la
suscripción de un contrato temporal a tiempo completo en su modalidad
de personas con discapacidad en centro especial de empleo.
Mediante escrito de 22 de febrero de 2018, la empresa comunicó al actor
la finalización del contrato temporal por vencimiento del
mismo a partir de la referida fecha. El trabajador impugnó la decisión
de la empresa y pidió una indemnización por despido improcedente.
El Juzgado
de lo Social número 3 de Arrecife dio la razón al demandante.
Este fallo fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que
condenó a la empresa abonar al trabajador despedido 4.253 euros en concepto
de diferencias salariales por el periodo comprendido entre el
20 de marzo y el 7 de agosto de 2017 más el 10% de mora en el pago. La empresa
recurrió en casación esta sentencia ante el Supremo.
La Sala del Alto Tribunal tenía que dilucidar cuál es el
convenio colectivo de aplicación para la determinación de la existencia o no de
diferencias salariales, de un trabajador que prestaba servicios como
operario jardinero para una empresa que tiene la condición de Centro Especial
de Empleo (CEE) y que había contratado con un determinado hotel la prestación
de servicios auxiliares en donde prestaba servicios el trabajador demandante.
Fallo del
TSJ
En la sentencia recurrida, el TSJ entendió que en este caso
había que aplicar el convenio colectivo de hostelería de Las Palmas, que en
su artículo 1 establece que afecta a “todas aquellas empresas que en virtud de
cualquier tipo de contrato, siempre que sea con aportación de personal,
realicen uno o varios servicios, actividades o tareas de los prestados en
cualquier establecimiento sujeto al ámbito funcional de este Convenio
Colectivo, debiéndose en estos supuestos aplicar al personal puesto a
disposición y durante el tiempo que éstos se encuentren prestando tales
servicios, las condiciones generales contenidas en el mismo y en particular
la tabla salarial que corresponda a la categoría del establecimiento”.
El Supremo entiende que, en este caso, en el que el trabajador tiene
una relación laboral con una CEE, no es aplicable el criterio utilizado
por el TSJ. En este sentido, en su sentencia hace referencia a la
jurisprudencia de la propia Sala. Así, explica que en la sentencia de 23 de
noviembre de 2014 Recurso 50/2013, señaló como principio general que “resulta
jurídicamente inviable que, persistiendo la relación laboral especial
entre el CEE y sus trabajadores discapacitados los mismos pasaran a regirse por
previsiones propias de una relación ordinaria de trabajo, y que en
consecuencia dejasen de beneficiarse del régimen legalmente previsto
para tal relación especial y de las numerosas singularidades-adecuadas
a la especificad del vínculo que señala su Convenio Colectivo”, adaptado a sus
limitaciones funcionales.
En una sentencia posterior, de 24 noviembre 2015 (recurso 136/2014), el
TS declaró que “los respectivos ámbitos personales de aplicación
claramente excluyen que al personal sujeto de la relación laboral
especial regida por el RD 1368/1985 [por el que se regula la relación
laboral de carácter especial de los discapacitados que trabajen en los Centros
Especiales de Empleo] se le pueda aplicar el Convenio del Sector de
Limpieza”.
No hay
discriminación
Según el tribunal, esta exclusión se ve reforzada por el principio
de especialidad en la elección de la norma sectorial aplicable. “Por lo
tanto”, subraya la mencionada sentencia, “los sujetos de esta relación laboral
especial no se rigen por un convenio colectivo pactado para trabajadores con
relación ordinaria, sin que la menor retribución resulte
discriminatoria”. En este sentido, argumenta que “no toda desigualdad de
trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una
infracción del mandato contenido en el artículo 14 de la CE, sino tan solo las
que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse
iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable”.
Por lo que se refiere a este caso concreto, en la sentencia se explica
que “los términos a comparar en absoluto gozan de la exigible homogeneidad,
en tanto que los trabajadores incluidos en el ámbito del convenio de empresas
de jardinería son sujetos de una relación ordinaria de trabajo, y los del
convenio general lo son de una relación laboral especial, afectos de
reconocida «minusvalía en grado igual o superior al 33% y, como
consecuencia de ello, una disminución de su capacidad en el trabajo al menos
igual o superior a dicho porcentaje”.
Además, afirma que el objeto de su contrato -especial- de trabajo es “favorecer
su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, su posterior
integración laboral en el mercado ordinario de trabajo, lo que justifica
plenamente las singularidades pactadas en el correspondiente convenio colectivo
en orden a la supletoriedad de la LISMI y del RD 1368/1985.
Todo ello lleva al Supremo a estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Desarrollo Social Canarias y anular la sentencia del TSJ.
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