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El programa contra la explotación laboral del Gobierno se pone en marcha el mes que viene.

El Gobierno ya tiene listo su programa contra la explotación laboral y arrancará en agosto. Comenzará con dos planes de choque contra los abusos en la contratación temporal y en el empleo a tiempo parcial. Son los dos primeros pasos de un total de 10 que conforman el plan completo que ha diseñado el Ministerio de Trabajo para la actuación de la Inspección hasta 2020. También incluye actuaciones especiales sobre el sector hostelero, por las kellys, o la seguridad privada y la creación de una unidad de lucha contra la discriminación de género.

La lucha contra la explotación laboral debe tener resultados este mismo año. Ese es el objetivo que se ha fijado el Ministerio de Trabajo en el primer borrador del plan director contra la explotación laboral 2018-2020, un plan que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en EL PAÍS. Sus primeros pasos consistirán en dos “planes de choque”: uno “contra el fraude en la contratación temporal”, y el otro “contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial”. Arrancarán en agosto y acabarán en diciembre de este año. Al mes siguiente se evaluarán ambas acciones, según el calendario contemplado en el documento de 69 páginas fechado el 9 de julio al que ha tenido acceso este diario.

Además de estos planes contra dos de las formas de precariedad más extendidas en el mercado laboral en España, muy aquejado de este mal, el programa anuncia un cambio significativo sobre la persecución de los abusos en la temporalidad: “Debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, la mayoría de las veces, a la conversión de los contratos temporales en indefinidos”. “Estas reflexiones serían igualmente para la contratación a tiempo parcial abusiva o los excesos de jornada y horas extraordinarias no declaradas”, abunda.

Más adelante, en la primera medida concreta que anuncia, de las 75 que contiene, el documento advierte que la Inspección “practicará tolerancia cero ante las situaciones de abuso”, y que conjugará en su actuación la sanción con la conversión de temporales en fijos. “Resulta necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio”, clarifica.

El plan es, en realidad, un programa completo de actuaciones para la Inspección de Trabajo entre 2018 y 2020, que modifica en parte el presentado por el Gobierno del PP en abril. “El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020 es válido y seguirá vigente, pero va a ser de inmediato reorientado con este Plan Director para que responda plenamente a las prioridades de actuación que debe tener la Inspección”, reconoce al comienzo el documento que ya se ha remitido a los agentes sociales, sindicatos de inspectores de trabajo y a las comunidades para que hagan alegaciones. Por este motivo, Trabajo advierte de que el borrador está todavía sujeto a modificaciones. De momento, el texto habla de “giro de 180 grados”, pero ya hace meses el entonces llamado Ministerio de Empleo señalaba que iba a poner más atención en la temporalidad y la igualdad de género.

Ahora se hace más hincapié en aspectos que en los últimos meses han ganado mucho protagonismo en la opinión pública, apunta un inspector conocedor de ambos documentos. Se dispara directamente contra la subcontratación de la mano de obra y los problemas y abusos que se pueden generar en estos procesos como impagos de salarios o merma significativa de estos últimos: “La casuística es muy variada, y afecta muy principalmente a los casos de subrogación de empresas con origen convencional y a los casos de descentralización productiva a través de las empresas multiservicios”. A partir de ahí, anticipa que las primeras actuaciones se dirigirán, en el sector de Hostelería de Alojamientos, al colectivo de camareras de pisos, las kellys”.

En su afán de cubrir los principales frentes de precariedad —y de mayor atención mediática— abiertos con la recuperación, el plan también apunta a las figuras de los falsos autónomos. No cuantifica este “fenómeno emergente”, pero apunta a algunos focos en los que se puede focalizar este tipo de fraude laboral: cooperativas de trabajo asociado o “la mal llamada economía colaborativa”. En los últimos meses, la Inspección de Trabajo ya ha actuado (hay tres reclamaciones a la empresa de reparto de comida Deliveroo), pero ha sido por la interposición de denuncias.

La igualdad entre sexos y la lucha contra el acoso es el otro aspecto que desarrolla el plan, cuyo punto más novedoso es la creación de una “Unidad de lucha contra la discriminación”. Su tarea será velar por la igualdad de “todos los colectivos vulnerables, con especial atención a la igualdad por razón de género”.

En total, el plan director hasta 2020 señala otras cinco líneas de actuación, hasta sumar 10, que son el cumplimiento de los derechos fundamentales, la lucha contra la economía irregular, el uso de falsos becarios, la vigilancia de la seguridad e higiene en el trabajo y la garantía de los derechos sindicales.

Todos estos elementos se evaluarán ya en julio de 2019 por primera vez. En enero solo se examinarán los planes de choque. La siguiente evaluación se abordará a comienzos de 2020.

Entre los planes del Gobierno para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está aumentar la plantilla: “En las ofertas de empleo público para 2018, 2019 y 2020 se incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se sitúa por encima del 100% de la tasa de reposición para permitir un incremento neto y sostenido de efectivos”, apunta el borrador del plan de lucha contra la explotación laboral. Esto quiere decir, sobre el papel, que no solo se cubrirán las bajas que se produzcan (jubilaciones o renuncias), sino que también se sacarán más plazas a oposición.

Si llega a cumplirse este anuncio, la plantilla de inspectores, de 960 miembros según la última memoria del organismo, la de 2016, podría llegar al millar o superarlo. En el caso de los subinspectores, el incremento tendría que ser muy sustancial para llegar al millar, ya que en 2016 el promedio fue de 837.

Sin poner cifras, el documento llega a afirmar que “el primer presupuesto para 2019, así como el que se apruebe para 2020, debería incluir una dotación creciente respecto del presupuesto actual en los capítulos dedicados a los gastos de personal y a los gastos e inversiones en nuevos sistemas y equipos informáticos”. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya lo anticipó en la comparecencia en el Congreso de los Diputados el martes. No obstante, la propia ministra admitió que sus intenciones están condicionadas a los presupuestos generales que se vayan aprobando cada ejercicio.

Para enfrentarse a la eventualidad de que no haya suficientes aspirantes, el plan llega a anunciar que el departamento “realizará acciones destinadas a incrementar el número de opositores [...] dando a conocer la función inspectora en las universidades”. El documento llega a afirmar, sin dar más detalles, que Trabajo se plantea revisar “el sistema de acceso, a efectos de adaptarlo a los nuevos modelos de estudio y aprendizaje”.

Además de los recursos, la intención del Ejecutivo es aumentar las sanciones. A ello dedica un apartado en el que señala que “las reformas normativas de la legislación laboral sustantiva que puedan derivarse del diálogo político y del diálogo social deberán acompañarse también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones”.

Antes de realizar esta afirmación, el plan contiene un disparo a la tarea legisladora del PP en este área durante su Gobierno: “El problema es, en no pocas ocasiones, la propia ley. La reforma laboral de 2012, la reforma de la contratación a tiempo parcial de 2013 o la ausencia de reformas normativas para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres, por poner ejemplos, están en el origen de las situaciones de precariedad laboral y de explotación laboral”.

Para facilitar los pactos con agentes sociales y comunidades autónomas, Trabajo pone fecha a la creación del Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social: septiembre. Después se agilizará la del Consejo General. En estos órganos, previstos en la regulación actual aunque todavía no se han desarrollado, estarán presentes sindicatos, patronal y autonomías.

La participación de los gobiernos autonómicos es muy importante, puesto que la Inspección de Trabajo está, en realidad, al servicio de la Administración central y/o de la autonómica en función del asunto que afronte (seguridad en el trabajo, Seguridad Social, empleo irregular, contratación) o del ámbito territorial que abarque.

FUENTE: EL PAÍS