Valentín Pich (CGE): “Se debe generar estabilidad económica y mejorar la competitividad del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas”
El control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas
de nuestro país es un tema que vuelve a estar sobre la mesa, sobre todo, tras
la compra del 4,9% del capital de Telefónica por parte del grupo saudí
STC (y la posibilidad de adquirir el 5% adicional). Todo ello, enmarcado
en un contexto de “ruptura” de cadenas de suministros provocada por la pandemia
y la guerra de Ucrania, que ha provocado en todos los países una relectura
sobre las capacidades de producción propia de bienes esenciales y su debida
protección.
Por ello, el Consejo General de Economistas de España (CGE) ha
celebrado un coloquio sobre esta cuestión, en el que han participado Jordi
Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de
Foment del Treball, y Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de
Regulación Económica y Competencia y director del Máster de Derecho de los
Sectores Económicos Regulados de la UCM, así como con el presidente del Consejo
General de Economistas, Valentín Pich y Sara Baliña, directora adjunta de la
Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de
España.
El caso
Telefónica
Desde el CGE, su presidente ha explicado el estado de la cuestión de la
compra por parte de Saudí Telecom Company (STC) de un 4,9% de las acciones de
Telefónica y la posibilidad de adquirir un 5% adicional mediante instrumentos
financieros. En concreto, al no legar STC a la propiedad del 10% del capital
social, no se puede considerar una inversión extranjera directa, por lo que, en
principio, no necesitaría la autorización previa, salvo que el Gobierno en
funciones entienda que la inversión afecte a actividades relacionadas con el
ejercicio de poder público, con la defensa nacional, o actividades que afecten
o puedan afectar al orden público, seguridad o salud públicas.
En este caso, el Gobierno podría suspender la operación y sería algo
que no se ha hecho hasta el momento, por lo que deberían justificarse con
precisión los motivos para aplicarla, porque los tribunales no permitirán un
uso indiscriminado de dicho precepto legal.
Según Pich, “la entrada en el accionariado de Telefónica por parte del
grupo saudí STC ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación
en esta materia, al verse obligada la Administración Central a atenerse a una
cláusula de alcance discrecional, lo que puede provocar la desincentivación de
las inversiones extranjeras. Sería recomendable, por tanto, una legislación
certera que no permita la arbitrariedad en las decisiones y que, a su vez,
prime la protección de nuestros sectores estratégicos, especialmente de
aquellos relacionados con la defensa nacional, factor de creciente importancia
en los tiempos actuales”.
¿Y qué pasa entonces con el plan del Gobierno de adentrarse en el
Consejo de Administración de Telefónica mediante la compra de un 5% de sus
acciones? Sobre esto, el presidente de los economistas ha manifestado que “no
se debe menospreciar el coste de la operación, estimado en algo más de mil
millones de euros”. Según Valentín Pich, la SEPI, aun utilizando todos los
recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, no alcanzaría
dicha cifra, por lo que sería necesaria una transferencia del Estado,
“empeorando aún más las cuentas públicas”.
Para Pich, otra posibilidad sería convencer a inversores españoles de
entrar o aumentar su posición en la compañía, “lo cual parece algo complicado”.
Dicho esto, el presidente del Consejo General de Economistas ha recordado que
Telefónica tiene una deuda de 26.537 millones y que la política industrial de
refuerzo al tejido productivo tiene que reducir el endeudamiento de las
empresas. “Se debe generar estabilidad económica y mejorar la competitividad
del país para reforzar la capitalización de nuestras empresas”, ha dicho Pich.
¿Habría que
endurecer los límites a las inversiones extranjeras en empresas estratégicas?
En palabras del vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios
Estratégicos de Foment del Treball, Jordi Alberich, estamos hablando de una
nueva política industrial activa en un entorno abierto y globalizado que, lejos
de viejas medidas proteccionistas, favorezca el desarrollo de la industria
nacional en general y que, en concreto, garantice el suministro de bienes
esenciales y el control de determinados sectores estratégicos.
En este contexto, “la legislación es un elemento clave, pero no el
único instrumento al servicio del fin antes señalado, como bien se deduce del
caso Celsa. El previsible endurecimiento responde a dinámicas globales a favor
de un mayor proteccionismo y debe resultar coherente con las posibles nuevas
iniciativas que puede emprender la Comisión Europea en los meses inmediatos.”
Por su parte, Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de
Regulación Económica y Competencia y director del Máster de Derecho de los
Sectores Económicos Regulados de la UCM, ha añadido que la principal crítica a
estas normas es que “nos encontramos con un modelo de regulación anacrónico,
que solamente persigue fines defensivos de protección de las empresas
estratégicas”.
Así, ha añadido que las circunstancias que nos encontramos como
consecuencia de las estrategias industriales y comerciales de China y de Estados
Unidos, así como de la ruptura de las cadenas de suministro causadas por la
pandemia del Covid-19 y por la invasión de Ucrania nos presentan un nuevo
escenario completamente distinto tanto para la industria europea como
nacional.
“El desarrollo de los tejidos industriales es esencial para que Europa
mantenga la solidez de dos de sus pilares esenciales: la competitividad
económica y la cohesión social. No podemos limitarnos a defender nuestras
industrias estratégicas, es imprescindible que fortalezcamos nuestras
capacidades industriales para poder producir los bienes y servicios esenciales
en el marco de una autonomía estratégica abierta. Y, para saber qué es
estratégico necesitamos una visión global, fundada en un nuevo modelo de
regulación plasmado en una nueva Ley de Industria, que sustituya de una vez a
la de 1992”, sostiene.
Nuestra
regulación en comparación con el resto de los países de la UE
¿Es homologable nuestra regulación con la del resto de países de la
Unión Europea? ¿Y con la de los países extracomunitarios? Para Jordi Alberich,
si en las últimas décadas la globalización se ha sustentado en el criterio de
eficiencia, entendida como el suministro de bienes y servicios al menor precio
posible, desde la pandemia se ha incorporado el criterio de seguridad, tanto en
el suministro de productos esenciales como en la protección de sectores
considerados estratégicos.
“Pese a las diferencias, las regulaciones en el seno de la Unión
Europea son similares y tenderán a converger aún más, acorde con la propia
legislación comunitaria. Las diferencias con países extracomunitarios son
mayores, si bien, asimismo, tenderán a asimilarse, en la medida en que las
diferencias entre los, en su momento, denominados países desarrollados y en
vías de desarrollo van disminuyendo, a la vez que se refuerza la tendencia a un
mayor proteccionismo global”, apunta.
Por otro lado, Juan de la Cruz considera que frente a las mejores
prácticas de regulación de otros países, que tienen claro cuáles son sus
industrias estratégicas y cómo protegerlas mediante regulaciones nacionales,
europeas e internacionales, “nos hace falta una visión estratégica que aporte
coherencia y visión de conjunto: nos hace falta definir en qué industrias
tenemos ventajas comparativas claras, una definición de las fortalezas y de las
oportunidades, e identificar con precisión las amenazas y debilidades para
poder diseñar mecanismos de gestión de riesgos”.
Según De la Cruz, no hace falta buscar muy lejos un claro ejemplo de
política industrial estratégica, de elaboración de una regulación coherente y
de defensa en las instituciones europeas: la industria nuclear francesa. Cuando
en los años 70 se desencadenó la crisis del petróleo, todas las fuerzas
políticas forjaron un consenso claro que se ha mantenido hasta hoy: no tenemos
petróleo, no tenemos carbón, ni tenemos gas, “pero tenemos ideas”.
“Este es el origen de una industria que permite disponer de uno de los suministros de electricidad más baratos de Europa, sin depender de energías primarias extranjeras y con cero emisiones a la atmósfera, por lo que una vez más, hace pocos días acaba de incluirse entre las energías admisibles para la transición renovable”, concluye.
FUENTE: Capital
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