Díaz lanza a la Inspección de Trabajo contra el fraude en los contratos fijos-discontinuos
4 de octubre de 2022
Díaz lanza a la Inspección de Trabajo contra el fraude en los contratos fijos-discontinuos
El Gobierno reconoce el posible uso inadecuado de la figura que cobija a los antiguos temporales
El Ministerio de Trabajo investiga 290.000 contratos a tiempo parcial por posibles irregularidades
La vicepresidenta anuncia una nueva subida del IPREM, que afectará al cálculo de ayudas y subvenciones de las administraciones
El Gobierno mantiene el diagnóstico sobre la mejora que ha traído
para el mercado de trabajo la reforma laboral que se encuentra en vigor
desde el pasado 1 de enero y que ha permitido elevar a niveles nunca vistos el
volumen de contratos indefinidos en detrimento de los temporales, que era hasta
este momento la figura más utilizada para formalizar una relación laboral. Sin
embargo, el Ministerio de Trabajo está detectando posibles fraudes al
cobijo de la nueva legislación, concretamente en los contratos fijos
discontinuos, en los contratos a tiempo parcial y también en la
figura del falso autónomo.
Según los datos que manejan los técnicos del gabinete de la
vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
antes de que entrara en vigor la reforma laboral, casi el 50% de
los contratos fijos discontinuos que estaban formalizados eran
fraudulentos. Este análisis previo a la entrada de la nueva legislación ha
permitido convertir en los últimos meses casi 26.000 contratos fijos
discontinuos en indefinidos habituales, según apuntaba la propia vicepresidenta
Díaz durante su intervención en la Comisión de Trabajo del Congreso de los
Diputados.
«Vamos a iniciar también un análisis de los contratos fijos
discontinuos firmados después de la entrada en vigor de la reforma»,
señalaba Díaz, reconociendo que pueden estar produciéndose irregularidades aún
con la nueva legislación ya en marcha. Eso sí, asegura la ministra de Trabajo
que el Ejecutivo ira con todo contra las empresas defraudadores, «que son la
menor parte de ellas», imponiendo fuertes sanciones.
En este punto, Trabajo confirma que esta figura contractual cobija a
día de hoy al 5% del total de afiliados al Régimen General de la Seguridad
Social, es decir, unos 835.000 trabajadores. Si bien estos se
concentran en sectores concretos como la educación, hostelería y actividades
asociadas al turismo.
De hecho, parece que el Gobierno trata a marchas forzadas de asentar la
reforma laboral y las modificaciones normativas introducidas por el ministerio
de Yolanda Díaz. Aparte de los fijos discontinuos, la Inspección de Trabajo ya
está investigando posibles fraudes en 290.000 contratos a tiempo
parcial y también confirma actuaciones para frenar la proliferación de
falsos autónomos.
Falsos
autónomos
Así, el Ejecutivo va a instar a la Fiscalía General del Estado a
que investigue «si existe invasión de la esfera penal» y vulneración de los
derechos de los trabajadores por parte de las plataformas de reparto. «Digo
solemnemente que 'Ley Rider' se va a cumplir. Estamos en un Estado social y
democrático de Derecho y las empresas rebeldes se van a someter al Estado
social y democrático de Derecho», señaló Díaz durante su comparecencia.
Desde la aprobación de la 'Ley Rider' se ha pasado de
3.400 asalariados a 12.074, todos ellos contratos indefinidos, según apunta
Trabajo. Si bien asegura Díaz que la mayoría de las empresas «están cumpliendo
con sus obligaciones».
La ministra de Trabajo también se refirió concretamente a la actuación
de la Inspección de Trabajo sobre dos de estas plataformas de reparto.
Desde su cartera han precisado que en el caso de Glovo las sanciones ascienden
a casi 150 millones de euros, de los que 87,2 millones corresponden al importe
en actas de infracciones y 61 millones de euros proceden de las actas de
liquidación. Además, estima en 29.513 los trabajadores afectados.
Nueva subida
del IPREM
Por último, un nuevo anuncio de gasto público, en este caso por efecto
colateral a la subida del IPREM. El indicador de rentas múltiples
es un índice que se usa como referencia para la concesión de ayudas,
subvenciones o el subsidio de desempleo. Nació en 2004 para sustituir al
Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayudas.
La ministra Díaz aseguró que también en este caso, como ya se ha
anunciado para la revalorización del SMI, se prevé incrementar una cuantía
mayor a la ordinaria para "satisfacer" el aumento del IPC.
Actualmente, el IPREM se sitúa en 579,02 euros mensuales. La
cuantía se volverá a actualizar con los nuevos Presupuestos Generales,
aunque la ministra no aclaró la cuantía exacta.
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