La publicación en el BOE de la Resolución de 14 de abril de 2026, en desarrollo del Real Decreto-ley 5/2026, concreta el procedimiento mediante el cual el Estado compensará a las entidades locales por la aplicación de beneficios fiscales en el IBI y el IAE correspondientes al ejercicio 2026 en municipios afectados de Andalucía y Extremadura.
La norma, en vigor desde el 21 de abril, responde a la necesidad de equilibrar el impacto financiero derivado de las exenciones y reducciones aprobadas tras los episodios de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos, evitando que recaiga exclusivamente sobre la hacienda local.
Desde una perspectiva fiscal, la resolución desarrolla los supuestos ya previstos en el Real Decreto-ley 5/2026, con especial relevancia para la correcta aplicación por parte de asesores y administraciones.
En el IBI, se establece la exención para:
• Inmuebles dañados directamente por los siniestros
• Inmuebles que hayan debido ser desalojados
• Bienes rústicos afectos a explotaciones agrarias con pérdidas significativas de rendimiento
En el IAE, la medida se articula mediante una reducción proporcional de la cuota, vinculada al periodo efectivo de interrupción de la actividad económica.
Asimismo, la norma contempla un elemento clave en la práctica tributaria: la posibilidad de solicitar la devolución de ingresos indebidos cuando el contribuyente hubiera satisfecho el impuesto pese a cumplir los requisitos para beneficiarse de estas medidas.
Uno de los aspectos más relevantes para la práctica profesional es la delimitación estricta del ámbito de aplicación. Las medidas solo resultan aplicables a los municipios expresamente incluidos en la normativa de desarrollo, lo que obliga a una verificación previa en cada expediente.
Además, el acceso a los beneficios fiscales no es automático. Se exige una acreditación individualizada de los daños o perjuicios, que deberá sustentarse en medios de prueba válidos en Derecho, como informes técnicos, periciales o certificaciones administrativas.
Este requisito introduce un componente probatorio que puede resultar determinante tanto en la concesión como en la eventual revisión de los beneficios.
La resolución configura un procedimiento íntegramente electrónico para que las entidades locales soliciten la compensación al Estado, lo que refuerza la trazabilidad y el control de los datos.
El proceso se canaliza a través de:
• La Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales (OVEL)
• La aplicación CompensaNet
• La firma electrónica obligatoria
• La remisión de una relación detallada de recibos afectados, con identificación, importes y situación de cobro
Para los asesores fiscales que colaboran con entidades locales, este procedimiento exige una gestión rigurosa de la información y una correcta identificación de los expedientes susceptibles de compensación.
Una vez presentada la solicitud, la Administración procederá a su revisión, pudiendo requerir subsanaciones o documentación adicional antes de dictar resolución.
Las cantidades reconocidas serán abonadas a las entidades locales, si bien la norma introduce una precisión relevante desde el punto de vista del control financiero: cuando dichas cuantías correspondan a tributos previamente ingresados por los contribuyentes y aún no devueltos, tendrán la consideración de ingresos afectados.
Esto implica que deberán destinarse exclusivamente a la devolución efectiva de dichos importes, procediendo su reintegro en caso de incumplimiento.
El desarrollo reglamentario de estas medidas obliga a los profesionales a actuar en varios niveles:
• Verificar la inclusión del municipio en el ámbito de aplicación
• Asegurar la correcta acreditación de los daños
• Identificar posibles devoluciones de ingresos indebidos
• Coordinar con entidades locales la correcta tramitación del procedimiento de compensación
En definitiva, la resolución no solo articula un mecanismo de compensación financiera, sino que introduce un marco técnico que exige una actuación proactiva por parte de los asesores fiscales para garantizar la correcta aplicación de los beneficios y evitar contingencias futuras.
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