El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una mujer a ser indemnizada después de que una vasectomía practicada a su pareja fracasara y se produjera un embarazo no previsto. La sentencia n.º 1174/2026, de 21 de octubre, considera que la falta de información sobre la posibilidad de recanalización afectó también a sus decisiones reproductivas.
La resolución introduce un matiz relevante en materia de responsabilidad patrimonial sanitaria: aunque el consentimiento informado corresponde al paciente, las consecuencias de una información insuficiente pueden alcanzar a otra persona si esta acredita un perjuicio directamente vinculado a la omisión.
El origen del litigio está en una intervención de vasectomía realizada en un centro sanitario público. Tiempo después, los conductos deferentes se recanalizaron de forma espontánea y la esterilización dejó de ser efectiva.
Tanto la Administración sanitaria como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apreciaron que el paciente no había sido informado correctamente de esa posibilidad y reconocieron que existía un daño relacionado con esa deficiencia asistencial.
La controversia llegó al Supremo porque la esposa también había reclamado una indemnización y su petición había sido rechazada al no ser ella quien recibió el tratamiento.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo marca aquí la diferencia.
La mujer no reclama por una vulneración del consentimiento informado ajeno, sino por las consecuencias que la falta de información tuvo sobre sus propias decisiones. Al desconocer la posibilidad de que la vasectomía pudiera fracasar, la pareja no pudo valorar la utilización de otros métodos anticonceptivos.
Ese efecto sobre la planificación familiar permite al tribunal apreciar un perjuicio individualizado.
La sentencia evita así extender a terceros el derecho del paciente y centra la reclamación en otra cuestión: si la actuación sanitaria ha provocado un daño directo a una persona distinta del intervenido.
El criterio del Supremo no convierte cualquier deficiencia informativa en una reclamación automática de la pareja.
Para que exista responsabilidad patrimonial será necesario demostrar que la información omitida era relevante y que su ausencia produjo consecuencias concretas para quien reclama.
En este caso, la Sala estima el recurso y reconoce una indemnización de 35.000 euros a cada integrante de la pareja, además de los intereses legales correspondientes.
Para los despachos que tramitan asuntos de responsabilidad patrimonial, la sentencia obliga a ampliar el análisis cuando los efectos de una actuación médica trascienden al propio paciente.
La cuestión ya no pasa únicamente por determinar quién era titular del consentimiento informado. También habrá que examinar quién sufrió realmente las consecuencias de la información omitida y cómo puede acreditarse ese perjuicio.
En intervenciones relacionadas con anticoncepción o planificación familiar, este enfoque puede resultar especialmente relevante. La legitimación de la pareja dependerá del daño que pueda demostrar, no del hecho de compartir el derecho del paciente a recibir información sanitaria.
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