La industria manufacturera ha
estado lastrada de forma recurrente durante los últimos años por los factores
externos que han caracterizado al escenario económico. En primer lugar, por los
efectos de la crisis de la COVID-19. Más tarde por los cuellos de botella en
2021 y gran parte de 2022, la crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania
y, finalmente, por el impacto de la subida de tipos de interés por parte del
BCE. Es por este motivo que las noticias de los fondos NextGeneration han sido
una esperanza a un posible pulmón deseado, en mayor caso en las pymes, empresas
que se sentían respaldadas gracias a las políticas palanca presentadas, las
cuales prometían un impulso para ellas. A lo largo de estos ya casi 3 años en
los que llevamos oyendo hablar sobre estos fondos se han mencionado como forma
de articularlos los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE), de entre los cuales el más esperado por este
sector era, sin duda, el PERTE de descarbonización industrial. Éste fue
anunciado en diciembre de 2022 con el compromiso de apoyar a la industria en su
transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente y
contribuir al objetivo de neutralidad climática en 2050, en línea con los
objetivos definidos por el Pacto Verde de la Comisión Europea. El sector debe
evolucionar hacia un modelo industrial más sostenible: solamente las empresas
que acometan la transición energética con éxito podrán competir en un nuevo
entorno en el que la sostenibilidad será un requisito imprescindible para
seguir operando en el mercado. Desde su anuncio, tras casi un año de espera,
proyectos en los que las empresas del sector manufacturero pensaban invertir
con el objetivo sostenible se han quedado en el cajón a la espera del anuncio
de la Orden de Bases de esta convocatoria, el cual se ha dado en este mes de
noviembre.
Sin embargo y, a pesar de lo
anteriormente comentado acerca de la importancia que las pymes iban a tener en
la repartición de estos fondos, la lectura del documento deja fuera de plano a
todas las empresas pequeñas y medianas por distintos motivos, los cuales se
exponen a continuación:
Otros puntos a recalcar y
llamativos sobre la Orden publicada son:
A pesar de que a lo largo del
documento se encuentran frases como "... inversión a favor de la
pyme...", estas y otras afirmaciones encontradas hacen pensar que esta
ayuda está redactada lejos de la realidad que se vive en nuestro país, y da un
varapalo tremendo a las 169.341 pymes y autónomos, de las 170.482 empresas del
sector existentes, que tienen que forman parte del sector industrial en España
debido a las condiciones leoninas establecidas, más de un 99%. Con esto se
manifiesta una preferencia hacia proyectos grandes que puedan permitir cumplir
los objetivos climáticos realizando un menor esfuerzo burocrático y que faciliten
la auditoría por parte de las Comisión Europea de estos fondos.
Todo esto, que puede verse como
un infortunio a la hora de la redacción de la Orden de bases y un hecho
concreto a la descarbonización, lejos de la realidad, no es más que otro ejemplo
de lo que está ocurriendo con los Fondos NextGeneration y vivido en otros PERTE
como el de energía renovables, el hidrógeno renovable y el almacenamiento; el
cual ha tenido varias convocatorias, y demuestra con sus condiciones que las
pymes son mencionadas, pero no realmente tenidas en cuenta.
Según la Asociación Española de
Servicios Avanzados a Empresas (AESAE), lo que está ocurriendo con los
Fondos NextGeneration debería hacer reaccionar a CEPYME y CEOE en cuanto a la
defensa de los derechos al acceso a financiación de
las pymes y microempresas, tantas veces esgrimido. A la vista de
estas evidencias se esperaría una mayor disposición a quizás causas menos
mediáticas, que no acaparen titulares, y un mayor apoyo a inversiones que sean
de menor envergadura, pero que ayudan a fortalecer el tejido de la red
empresarial de España.
Como conclusión, si realmente lo que se persigue es tener una industria nacional con un gran valor añadido, lo lógico es fomentar las sinergias para que el cómputo sea mayor que la suma de sus partes, no es más fuerte la estructura que se sostiene sobre un único punto porque si cae, caemos todos. Un sector que supone el 11,3% del PIB de nuestro país en 2021 no puede ser dependiente de un número limitado de empresas y, para ello, se debe fomentar los intereses de la pequeña y mediana empresa.
Directora Oficina Transición Energética - GREENESAL y Vocal de la Asociación de Servicios Avanzados a Empresas - AESAE
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