El Consejo de Ministros presentó ayer el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que los define como servicios esenciales y establece la obligatoriedad de un catálogo común para todas las comunidades autónomas. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, enfatizó que «esta primera ley de servicios sociales de la historia de nuestro país» contribuirá a fortalecerlos como pilar fundamental del estado del bienestar.
Belarra considera que la norma será también «un balón de oxígeno» para
un sector asfixiado por los recortes y la asunción de competencias y funciones
que no les corresponden y para sus profesionales, «que han cubierto demasiadas
veces con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que debía
haberse garantizado mejor por la administración pública».
Respecto a los usuarios, la ley incide en que el sistema debe estar
basado en el respeto a los derechos de las personas y cambia
el modelo exclusivamente asistencial por un enfoque comunitario y preventivo,
que evite que las personas caigan en una situación de vulnerabilidad tal
que haga más difícil la intervención.
El anteproyecto, que ahora se someterá a información pública,
forma parte de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Ione Belarra subrayó que la nueva ley
permitirá profundizar y hacer permanente la modernización de
los servicios sociales que ya ha comenzado con una inversión
de 875 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Catálogo
común de servicios sociales
La norma estipula que el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia diseñará un catálogo común de prestaciones y
servicios sociales para garantizar la igualdad de los ciudadanos en
todo el territorio, ya que actualmente, dijo Belarra, «existen importantes
diferencias en las distintas comunidades autónomas». Este catálogo será muy
detallado y deberá incluir, entre otros, ratios de profesionales,
niveles mínimos de la prestación o indicadores de satisfacción de las personas
usuarias.
Belarra explicó que no será obligatorio el requisito
del empadronamiento para acceder a los servicios sociales del
catálogo y que, asimismo, cuando una persona se desplace a otra comunidad
autónoma, ya sea temporal o definitivamente, podrá conservar los servicios y
prestaciones que recibía en la primera sin necesidad de repetir el proceso de
valoración.
Un nuevo sistema de información común interoperable con los sistemas de
autonómicos permitirá conocer en mayor profundidad las situaciones que atienden
los servicios sociales y, por tanto, diseñar mejores políticas y
mejores intervenciones, continuó la ministra.
Otra medida nueva será la creación de la Historia Social Única para
cada usuario de los servicios sociales, que contendrá la documentación relativa
a su caso y a la que podrá acceder en cualquier momento. Cada usuario tendrá
también una persona profesional encargada de coordinar todas las
intervenciones, que será su contacto de referencia.
Finalmente, se desarrollará una normativa específica para garantizar que las ayudas de emergencia o urgencia social sean ágiles: «Si las necesidades son urgentes, las ayudas deben serlo también», señaló Belarra.
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