La reciente reforma de pensiones, acordada entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sindicatos y la patronal, busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social incentivando a los trabajadores a retrasar voluntariamente su jubilación.
La principal estrategia del Gobierno para motivar a los trabajadores a prolongar su vida laboral es mejorar los incentivos existentes para la jubilación demorada. Además, estos incentivos ahora son compatibles con la jubilación activa, lo que permite al trabajador continuar trabajando y cobrando una parte de la pensión.
Quienes opten por la jubilación demorada podrán seguir incrementando su pensión en un 4% anual. A partir del segundo año de demora, el complemento económico se calculará semestralmente, incrementándose en un 2% cada seis meses. Los trabajadores podrán elegir entre tres modalidades para recibir esta bonificación:
La novedad principal es que estos incentivos ahora pueden combinarse con el cobro de una parte de la pensión mientras se continúa trabajando. Los trabajadores pueden recibir el premio por demorar la jubilación y pasar a la jubilación activa, cobrando tanto el sueldo como una parte de la pensión.
La jubilación activa también ha sido modificada para facilitar su acceso:
Ya no se requiere haber cotizado el 100% de la pensión para acceder a la jubilación activa, beneficiando especialmente a las mujeres, que cuentan con carreras laborales más cortas.
Tras trabajar un año sin recibir parte de la pensión, los porcentajes de pensión que se pueden cobrar aumentan progresivamente. Por ejemplo, los asalariados y autónomos sin trabajadores a su cargo podrán cobrar el 45% de la pensión el primer año, el 55% el segundo, y seguir incrementándose hasta el 100%.
Los autónomos con empleados con más de 18 meses de antigüedad o con contratos indefinidos, podrán compatibilizar el 75% de la pensión el primer año, aumentando cinco puntos por año hasta llegar al 100%.
Para hacer el retiro más gradual, se han introducido cambios en la jubilación parcial:
La reforma también incluye cambios en el sistema de bajas laborales, permitiendo a los médicos de atención primaria derivar pruebas diagnósticas y rehabilitación a las mutuas cuando el tiempo de baja supere el recomendado. Estas bajas, confirmaciones y altas médicas seguirán siendo emitidas por los servicios públicos de salud.
Para los colectivos que realizan actividades penosas, tóxicas o peligrosas y solicitan la jubilación anticipada sin penalización, se crea un procedimiento estándar basado en indicadores objetivos como:
La Seguridad Social, en conjunto con una Comisión de Evaluación, determinará la viabilidad de estas jubilaciones.
Los fijos discontinuos verán su periodo de cotización calculado con un coeficiente multiplicador del 1,5, beneficiándolos en el acceso a la jubilación, incapacidad permanente y pensiones de viudedad u orfandad.
Se recupera el sistema de bonus en las cotizaciones para las empresas que disminuyan significativamente la siniestralidad laboral.
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