El delito tributario suele ir acompañado de otros vinculados como la apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, insolvencia punible, cohecho o prevaricación.
“Se
está llevando a delito cualquier deuda tributaria superior a 120.000 euros. Eso
no es correcto. La deuda tributaria no implica por sí misma un delito fiscal. La
deuda tiene que ser fraudulenta”. Es una de las principales conclusiones del
jurista Eduardo de Urbano, que acaba de publicar una nueva entrega de sus obras
sobre derecho penal económico, centrada esta vez en delito fiscal. Los estudios
del especialista concluyen que en España hay alrededor de 1.000 casos de delito
fiscal al año, un índice que, aunque no llame demasiado la atención, de Urbano
cree que es revelador de cómo todas las deudas superiores a 120.000 euros están
elevándose a delito en los tribunales.
Eduardo
de Urbano –doctor en Derecho, expresidente de la Audiencia Provincial de Las
Palmas de Gran Canaria, exmagistrado del Gabinete Técnico del Tribunal
Supremo y exmagistrado de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid, entre
otros cargos– presentó ayer su último libro titulado Derecho penal económico: 31
casos de delito fiscal. “Se ha
convertido en uno de los delitos más
importantes del Derecho Penal Económico”, señala de Urbano. “Creo que se está
judicializando en exceso”.
El
jurista destaca que, con estas obras, busca divulgar más los entresijos del
Derecho Penal Económico. “Intento llegar a toda clase de público. En el libro
empleo el método del case in law, que creo que es el más adecuado para plantear
estas cuestiones”.
El
especialista ha buceado en muchos casos de delito fiscal para construir su
nueva obra, lo que le ha permitido tener una nítida visión de este asunto.
“Hay
que partir de la base de que la Agencia Tributaria (AEAT) no tiene la razón
siempre y hay muchos asuntos que acaban en delito y, sin embargo, los
tribunales terminan dándole la razón al contribuyente”, apunta. “Esta clase de
delitos se han convertido en el delito económico más importante por las
cuantías elevadas que se alcanzan en los asuntos”, añade.
Eduardo
de Urbano aboga en cualquier caso por dotar de más
medios a la Justicia para poder analizar correctamente estos asuntos que, a su
juicio, “suelen ser complejos y con muchas aristas”. De hecho, el jurista destaca
que los casos de delito fiscal suelen estar acompañados por otros delitos
vinculados. “Se ve
mucho la apropiación
indebida, el blanqueo de capitales,
la falsedad
documental, la insolvencia
punible, el cohecho o
la prevaricación”, enumera de Urbano.
El
doctor en Derecho explica las consecuencias de este enfrentarse a este tipo de
delitos y subraya que pueden conllevar una pena de prisión que puede llegar a
seis años. “Además, la inhabilitación especial oscila entre 6 y 8 años”.
A
parte, de Urbano señala a las fuertes sanciones que pueden imponer los
tribunales. “El delito fiscal puede estar multado con una sanción de hasta el
séxtuplo de la parte defraudada, además la responsabilidad civil, que es la
devolución de la cantidad impagada”. De esta forma, el especialista asevera que “una
deuda de dos puede convertirse en ocho”, algo que considera “desproporcionado”.
Eduardo de Urbano constata el problema del atasco judicial sobre estos asuntos.
“En el
libro hay algún caso que durado más de 20 años”.
En este
sentido, vuelve a pedir más
medios para agilizar los procedimientos. “El asunto del atasco
judicial tiene pocas soluciones más allá de que
haya más medios. Es la única
forma de poder resolver antes”, manifiesta. El exmagistrado confirma, en cualquier caso,
que los
delitos fiscales están a la
cabeza en cuanto a la duración de
los procesos. “No hay
los recursos que la Justicia necesita. En una democracia la Justicia es
esencial porque ante las controversias tienen que ofrecerse soluciones”, añade.
También
apunta a una excesiva presión
fiscal. “En los
dos últimos
años, la
recaudación ha
subido un 25%”, afirma.
Eduardo de Urbano presentó ayer su libro en la sede del Consejo General de Economistas (CGE) de España. En la presentación participaron el presidente del CGE, Valentín Pich, el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco José Navarro Sanchís y el coordinador del Servicio de Estudios del CGE, Luis del Amo. Navarro Sanchís afirmó sobre las controversias de los registros de la Agencia Tributaria que “en entrada en domicilio o la entrada de dispositivos electrónicos que pueden afectar a derechos fundamentales, hay un problema absoluto de falta de regulación legal”.
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