El TJUE avala el derecho a la compensación por vacaciones tras renuncia
2 de febrero de 2024
El TJUE avala el derecho a la compensación por vacaciones tras renuncia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina que los trabajadores tienen derecho a recibir una compensación económica por los días de vacaciones no disfrutados, incluso si renuncian voluntariamente, y con independencia de «necesidades organizativas del empleador público».
La STJUE n.º C-218/2022, de 18 de enero de 2024, ECLI:
EU:C:2024:51, ha establecido que los trabajadores tienen
derecho a ser compensados por vacaciones no tomadas, incluso tras renunciar
voluntariamente. La decisión surge a raíz de un caso italiano donde se
rechazó este derecho basándose en normativas nacionales. El tribunal enfatiza
que las normativas no pueden contravenir el art. 7 de la Directiva 2003/88
(«Vacaciones anuales»), que asegura un mínimo de cuatro semanas de vacaciones
pagadas anuales para todos los trabajadores, destacando que la compensación no
puede subordinarse a la gestión de gasto público ni necesidades organizativas
del empleador público.
En concreto, Luxemburgo responde a las siguientes cuestiones
prejudiciales:
«1) ¿Deben
interpretarse el artículo 7 de la Directiva [2003/88] y el artículo 31,
apartado 2, de la [Carta] en el sentido de que se oponen a una normativa
nacional, como la controvertida en el litigio principal (a saber, el artículo
5, apartado 8, del Decreto-ley n.º 95 […]) que, por necesidades de control del
gasto público y necesidades organizativas del empleador público, ¿prohíbe
sustituir mediante una compensación económica las vacaciones en caso de
renuncia voluntaria del funcionario?
2) En caso de
respuesta afirmativa a la [primera cuestión prejudicial], ¿deben interpretarse
el artículo 7 de la Directiva [2003/88], y el artículo 31, apartado 2, de la
[Carta] en el sentido de que exigen que el funcionario demuestre que le ha sido
imposible disfrutar de las vacaciones durante la relación de servicio?»
Para el Tribunal de Justicia, «(...) una normativa nacional
que, por razones relacionadas con el control del gasto público y las
necesidades organizativas del empleador público, prohíbe el pago a un
trabajador de una compensación económica por los días de vacaciones anuales
retribuidas devengados, tanto durante el último año de trabajo como durante los
años anteriores, que no se hayan disfrutado en la fecha de finalización de la
relación de servicio, cuando el trabajador pone fin voluntariamente a esa relación
de servicio y no ha demostrado que no disfrutó de sus vacaciones durante dicha
relación por motivos ajenos a su voluntad», se opone a la normativa
europea.
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