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Los cambios introducidos por la Ley General Tributaria y la Ley de Procedimiento Administrativo buscan agilizar la lucha contra el fraude fiscal, la recaudación tributaria y la adaptación al ámbito online.

Las modificaciones, además de afectar a los reglamentos de gestión e inspección, recaudación, revisión y procedimiento sancionador, cambian materias relativas a las ayudas de Estado, liquidaciones vinculadas al delito contra la Hacienda Pública y subasta electrónica.

Entre otras nuevas obligaciones, las consultas tributarias deberán presentarse siempre por medios electrónicos, y en el caso de intercambio de datos con otros países, tendrá que ampliarse la información relativa al grupo al que se pertenece y la descripción de la actividad.

Además, para obtener el certificado de encontrarse al corriente de obligaciones tributarias se añade el requisito de no tener multas pendientes derivadas de un delito contra la Hacienda Pública.

Se fija un plazo de 10 días hábiles para la aportación de documentación, salvo que se reitere el requerimiento. En este caso, serán cinco días hábiles.

Las dilaciones e interrupciones justificadas son sustituidas por periodos de suspensión y extensión.

Se permite junto a la firma y notificación manuscrita, realizar la suscripción y comunicación por vía electrónica.

A partir de ahora tendrán este carácter las que modifiquen la deuda inicial, las que deriven de un procedimiento que no pueda finalizarse, sobre las que existen indicios de delito o las emitidas en un procedimiento en el que se practica una comprobación de valores.

Cuando se acuerde una devolución de ingresos indebidos, no se podrán computar para el cálculo los días de suspensión ni los periodos de extensión acordados durante el procedimiento inspector.

Se introduce el concepto de la protección de datos, que es el criterio que debe presidir la elección del método para determinar las bases o cuotas.

Se tienen en cuenta los periodos de suspensión y de extensión del plazo del procedimiento inspector a los efectos del cómputo del plazo de resolución del procedimiento.

Se regulan los plazos y forma del informe para la declaración, que suspende el cómputo del plazo del procedimiento, salvo sobre los elementos no relacionados con los actos o negocios analizados.

En materia de recaudación, entre otras novedades, se permitirá que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueda ampliar directamente el contenido de un embargo a cualquier bien que el contribuyente ostente en la entidad de crédito, con el único requisito de que la entidad esté ubicada dentro del territorio de su jurisdicción.

En lo relativo a la revisión y procedimiento sancionador, el informe del servicio jurídico debe ser posterior a la propuesta de resolución en el procedimiento para la revocación de un acto.

La AEAT modifica el procedimiento de subasta de los bienes embargados por fraude con el objetivo de agilizar el procedimiento de enajenación. Se simplifican los requisitos y se reduce el importe del depósito, al mismo tiempo que se facilita su inicio y se adapta la subasta al procedimiento electrónico. Una de las novedades es que se concreta el momento exacto hasta el cual se puede liberar el bien, vinculado a la fecha de la certificación de adjudicación o a la escritura pública de venta. Para evitar nuevos procedimientos en caso de impago se crea la figura de las posturas con reserva de depósito y se elimina la existencia de primera y segunda licitación y la adjudicación directa como procedimiento posterior. Estos cambios se aplicarán a partir del 1 de septiembre de 2018.

El 'Memento Fiscal 2018', obra clave para asesores y expertos tributarios, contempla éstas y otras reformas fiscales. Como señala Susana Izquierdo, directora de redacción y responsable del área fiscal de Lefebvre-El Derecho, "ofrece un análisis exhaustivo de toda la fiscalidad, el estudio de todas las novedades y reformas legislativas, todas ellas actualizadas por impuestos". Además de las recientes modificaciones introducidas en el procedimiento tributario, el 'Memento Fiscal 2018' aborda también las novedades en el IRPF, en el Impuesto sobre Sociedades e IVA, sin olvidar los cambios que se han producido por las distintas comunidades autónomas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el ITP y AJD, o los impuestos y recargos no estatales, cuya principal novedad la encontramos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuando no existe un incremento de valor en la transmisión. "Apoyamos toda esta información práctica con más de 19.000 citas a la legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa más reciente y relevante para que la solución a la consulta sea rápida, exacta y de calidad", señala Izquierdo.

FUENTE: EXPANSIÓN