La Sala considera que prevalece el interés público en conocer la información, en el marco de la libertad de expresión sobre el derecho a la protección de datos del recurrente.
La Audiencia Nacional (AN) resolvió el pasado 6 de febrero un recurso en el que habla sobre el "derecho al olvido", en concreto, sobre si procede o no borrar el rastro digital de una persona condenado por homicidio en las festividades de San Fermín de Pamplona, hace varios años. El recurrente solicitó a los magistrados eliminar las URLs de la lista de resultados de Google, para así poder borrar esta mancha en su expediente en la red; sin embargo, la Justicia le deniega esta posibilidad.
El recurrente alega que, a pesar de que no cometió ningún delito sexual sobre la víctima, distintos medios de comunicación afirmaron que si lo había cometido y extiende su solicitud a las búsquedas relacionadas con el crimen, asociadas a su persona. Inicialmente, estas solicitudes ya habían sido desestimadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Google y el honor
La AN considera que, a priori, estamos ante un tratamiento de datos inicialmente lícito por parte del buscador de Google, ya que dado el contenido de la información- la existencia de un proceso penal en el que el demandante resultó condenado, la naturaleza y circunstancias de los hechos y el poco tiempo transcurrido- los datos continúan siendo necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron.
Tal y como expone Google LLC, codemandada en el proceso, las publicaciones presentan un interés público al tratar sobre un homicidio y las brutales circunstancias en las que fue cometido; el crimen es hoy en día uno de los símbolos de lucha contra la violencia machista en España y su relevancia pública se puso de manifiesto en 2010, cuando se estrenó el documental con el nombre de la víctima que obtuvo hasta cinco candidaturas a los premios Goya y en 2021 varios medios se hacían eco de las concentraciones celebradas en homenaje a la fallecida en el aniversario de su muerte.
Por todo ello, para la Sala, declara que debe prevalecer el interés público en conocer tal información sobre el derecho a la protección de datos sin que proceda la desindexación de la información.
Por otro lado, en cuanto a la inexactitud de la información, no es la violación de la víctima de homicidio lo que constituye el objeto de las informaciones facilitadas en las URLs cuestionadas, sino su reflejo en las mismas de forma tangencial y totalmente circunstancial en el contexto del verdadero y principal contenido de la información, sobre lo que se debería haber ejercitado en todo caso el derecho de rectificación, pero no el bloqueo de las URLs por búsquedas distintas de su nombre.
En este sentido la Sala expresa que los enlaces cuyo bloqueo se solicita están amparados por el derecho fundamental a la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución, que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura de la sociedad democrática.
Este fundamento sirve a la AN para rechazar también la petición de la supresión de enlaces obtenidos a partir de una búsqueda con palabras distintas a las del nombre y apellidos del interesado y que no están comprendidos en el ámbito del artículo 17 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ya que los términos como "el asesino" o "el hombre que mató ", no son datos personales del demandante aunque puedan conducir a resultados sobre los hechos que le conciernen, como también podrían obtenerse tales resultados utilizando otros muchos otros términos de búsqueda.
Por todo ello, la AN resuelve que, en vista de las concretas circunstancias del caso, debe prevalecer el interés público de los internautas, en el marco de la libertad de expresión, y remitiéndose a sus propias resoluciones, concluye que "el derecho al olvido digital", es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, pero como tal, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos.
Fuente: Noticias Jurídicas.
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