El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, que modificaba el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, debido a la insuficiencia del análisis de impacto económico en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso de varios colegios de procuradores, señalando que el análisis económico es insuficiente y no cumple con las exigencias de la Ley y las advertencias previas de distintos organismos.
En este sentido, señalan los magistrados:
«Resulta sorprendente que tratándose de una norma cuyo objeto consiste precisamente en regular el aspecto fundamental del régimen económico de una profesión, se omita en la Memoria un análisis detallado y concreto del impacto económico que la norma impugnada podría tener sobre el colectivo que ejerce esa profesión. Máxime cuando se trata de una profesión que, además de ofrecer y prestar sus servicios en el mercado, resulta ser actualmente una pieza fundamental en el funcionamiento de la Administración de Justicia en nuestro país como elemento colaborador de ésta».
La sentencia critica la falta de un análisis detallado del impacto económico y la referencia genérica sobre el efecto en la competencia, sin el soporte argumental necesario.
El Tribunal Supremo considera que la reforma tiene relevancia significativa para el colectivo afectado, a pesar de una futura reforma más trascendente anunciada por la Administración.
Fuente: Iberley
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